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George Bush da el impulso final al CAFTA
Washington. El gobierno de George W. Bush dio ayer un espaldarazo que puede ser definitivo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), al asignar 20 millones de dólares en fondos federales para mejorar durante 2005 las condiciones laborales y medioambientales en los países signatarios, y comprometerse a ampliar esa cantidad hasta los 180 millones de dólares antes de 2009.

El representante comercial estadounidense, Robert Portman, dio a conocer una serie de medidas para fortalecer la aplicación de leyes laborales y ambientales destinadas a contrarrestar las críticas de los congresistas demócratas, que en su mayoría se oponen al tratado, y se esforzó por disipar, a pocos días de la votación definitiva del acuerdo, las dudas que aún permanecen:
"El CAFTA tiene las medidas laborales y ambientales más fuertes que cualquier otro acuerdo negociado por Estados Unidos", aseguró durante un almuerzo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, en el marco de una reunión de países donantes. El funcionario aseguró que una de las particularidades del CAFTA es "el compromiso de unir el comercio con ayuda para promover el crecimiento económico y la libertad en la región".
Esa ayuda incluye fondos de la Corporación del Reto del Milenio de Estados Unidos y miles de millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De hecho, Iglesias hizo publica ayer la donación de 10 millones de dólares más del BID, que se asignarán a través del Fondo Multilateral de Inversiones.
Inspecciones laborales
El Senado, controlado por los republicanos, aprobó el mes pasado el CAFTA por 54 votos contra 45, luego de que la Casa Blanca ofreciera concesiones a senadores de estados azucareros, que encabezaban la oposición del sector.
Ahora, sin embargo, el tratado enfrenta más oposición en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana lo apoya, pero la minoría demócrata cuestiona asuntos laborales y ambientales, y busca impedir con algunos republicanos que se reúnan los 218 votos necesarios para su ratificación.

Los fondos anunciados pueden vencer ese obstáculo. Un millón de dólares se destinará a luchar contra el comercio de especies en peligro de extinción y proteger su hábitat. Asimismo, se anunció el financiamiento de un registro público para hacer un seguimiento sobre contaminantes químicos, a fin de que los legisladores y el público identifiquen estrategias para proteger el ambiente.
Siete millones estarán destinados a modernizar los sistemas judiciales de los países miembros del CAFTA, incluyendo la capacitación de jueces en la aplicación de normas laborales internacionales, y la reducción de los retrasos de casos laborales en las cortes.
Siete millones adicionales buscarán fortalecer la capacidad de los ministerios de Trabajo para aplicar las leyes laborales, principalmente mediante programas de inspección. Otros 2 millones buscarán combatir la discriminación de género, con un enfoque en la eliminación del hostigamiento sexual en el sector de las maquiladoras, como iniciativas para aplicar las leyes contra los exámenes para detectar el embarazo de empleadas en las fábricas.
Finalmente, 3 millones se asignarán para la participación activa de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cada uno de los países para monitorear y verificar el progreso de mejorar la aplicación de las leyes federales y las condiciones de trabajo.
Los fondos permitirán que la OIT haga informes públicos transparentes cada seis meses sobre la aplicación de leyes laborales en cada país integrante del tratado.
Aunque estos 20 millones de dólares eran una ayuda aprobada el pasado septiembre, su destino no se conoció hasta ayer. La administración Bush destinará a estos fines 40 millones cada año fiscal hasta completar 180 millones en 2009.
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Tras el azúcar, quedaba lo laboral
Después de que la Casa Blanca lograra el pasado 29 de junio (ver cronología) superar el que había sido principal escollo en el camino del CAFTA hacia su ratificación, la oposición del poderoso sector azucarero estadounidense y las críticas demócratas a las condiciones laborales en Centroamérica concentraban el trabajo contra el reloj de los negociadores políticos de los gobiernos estadounidense y centroamericanos.
Legisladores demócratas y sindicatos norteamericanos han afirmado que el CAFTA requiere que los países miembros cumplan con sus propias leyes laborales, pero no especifica qué es lo que requieren esas leyes y, además, incluye medidas mínimas para su aplicación. Señalan también que el tratado pide a los países que "se esfuercen" para lograr los niveles laborales básicos, como la eliminación del trabajo infantil, pero que no incluye medidas para aplicar esas normas.
En contraste, dicen, el CAFTA proporciona un proceso elaborado para proteger los derechos e intereses económicos de las corporaciones estadounidenses, como los derechos a la propiedad intelectual.
Patricia Campos, representante del sindicato Unite, dijo en una entrevista reciente que el CAFTA permite la aplicación de las leyes laborales de cada país, pero no sanciona si sus gobiernos las debilitan o las cambian. La sindicalista apoyó una "renegociación total" para incluir temas laborales y ambientales.
El representante comercial estadounidense, Robert Portman, respondió ayer a estas críticas de los demócratas al indicar que todos coinciden en que el problema no son las leyes, sino su aplicación, y aseguró que precisamente por eso el Gobierno estadounidense está tomando, mediante compromisos económicos, las medidas apropiadas para superar ese obstáculo.
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Fijan fecha para votación definitiva
La Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció ayer que el martes 26 de julio tomará la decisión definitiva.
En un desayuno con periodistas ayer, el presidente del poderoso comité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Bill Thomas, anunció que esperaba una votación sobre el tratado para la semana próxima, antes del receso de agosto del Congreso. Thomas, que según la agencia AFP especificó el día 26 como la fecha elegida para la posible ratificación, divulgó una carta dirigida al representante republicano por Carolina del Sur, Bob Inglis, en la que le promete trabajar con legisladores de estados textiles sobre futuras leyes que respondan a sus preocupaciones de esa industria.
Mientras, en el intenso calor del mediodía, líderes agrícolas de la Unión Nacional de Agricultores (NFU) y legisladores demócratas, entre otros el representante demócrata John Salazar, realizaron una rueda de prensa contra el CAFTA. Salazar dijo que los agricultores y rancheros locales "no verán los beneficios" del tratado porque "ya dominan muchos de los mercados agrícolas en esos países".
El presidente de la NFU, Dave Frederickson, denunció asimismo que el CAFTA obligará a los productores estadounidenses a competir con productores de la región que no están obligados a cumplir con las mismas regulaciones laborales y ambientales.
Por otro lado, los embajadores de los países miembros del CAFTA tienen previsto participar hoy miércoles en una conferencia de prensa patrocinada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a fin de dar impulso al tratado